En pleno siglo XXI, la tecnología se establece como un derecho esencial para ejercer la ciudadanía, acceder a educación, salud, empleo y servicios públicos. El problema radica en la existencia de brechas digitales estructurales en Chile, que amenaza la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
Columnas al director
A pesar de que el país registra niveles globales de penetración de Internet comparables a países desarrollados (con 94,5% de la población conectada a Internet a fines de 2025), todavía más de 1,10 millones de personas permanecen “offline” y sin acceso regular a redes digitales. Este dato revela que la conectividad aún no es universal ni equitativa, y refleja desigualdades geográficas, socioeconómicas y generacionales que requieren atención inmediata de políticas públicas y esfuerzos concertados de todos los actores sociales.
La brecha digital en Chile no solo se mide por el acceso físico a Internet, sino también por el uso significativo y la calidad de esa conexión, así como por las competencias digitales para participar eficazmente en la economía moderno-digital.
Francisco Carrasco M.
Por ejemplo, la infraestructura de internet fijo, que es crucial, por ejemplo, para educación a distancia, telemedicina y teletrabajo estable, cubre poco más del 68% de los hogares, dejando atrás a comunidades rurales y a sectores de menores ingresos que dependen exclusivamente de conexiones móviles o que carecen de acceso continuo.
Este fenómeno va más allá de simple desafío tecnológico. El punto está en que es un problema de justicia social y derechos humanos. La falta de conectividad real y de habilidades digitales seguras limita el acceso a oportunidades educativas, restringe la participación en procesos laborales de mayor valor agregado y profundiza las desigualdades existentes. Las brechas digitales afectan de forma desproporcionada a comunidades rurales, personas mayores, grupos de bajos ingresos y estudiantes con menor acceso a dispositivos y competencias tecnológicas.
Francisco Carrasco M.
Avanzar hacia la equidad digital es una política pública ineludible que Chile debe priorizar si aspira a un desarrollo inclusivo y sostenible. Esto implica:
- Universalizar el acceso con calidad garantizada, mediante inversiones públicas y alianzas público-privadas que reduzcan las brechas territoriales en conectividad fija y móvil.
- Fortalecer programas de alfabetización digital para asegurar que todas las personas, independientemente de su edad o condición socioeconómica, puedan utilizar tecnologías de forma efectiva y segura.
- Incorporar la conectividad como un derecho fundamental, asegurando que la provisión de servicios digitales básicos y habilidades asociadas no queden al arbitrio del mercado, sino que sean parte del diseño de políticas sociales integrales.
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Chile no puede seguir normalizando la desigualdad digital como si fuese una consecuencia natural del progreso tecnológico, destaca la ACTI:.
"El desafío por delante es técnico, social, educativo y ético. Solo con una visión de justicia social y voluntad política se podrá garantizar que la tecnología deje de ser un privilegio y se convierta en una herramienta de igualdad real para todas y todos".
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