Un nuevo paso en la cooperación científica y tecnológica regional se dio este jueves con la firma de un Memorándum de Entendimiento (MdE) que formalizó la incorporación de Costa Rica al proyecto Latam-GPT, iniciativa impulsada por Chile que busca desarrollar un modelo de lenguaje para América Latina y el Caribe.
Francisco Carrasco M.
El acuerdo, firmado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile (MinCiencia) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) de la República de Costa Rica, refuerza la construcción de una agenda regional en inteligencia artificial basada en principios de ética, responsabilidad y soberanía tecnológica compartida.
El documento establece un marco de cooperación para el desarrollo conjunto de Latam-GPT, concebido como una infraestructura estratégica para la región. Entre sus principales objetivos se encuentra la preservación del patrimonio digital latinoamericano, mediante la construcción colaborativa de colecciones de datos que reflejen la diversidad cultural, social y lingüística de los países participantes, así como la definición de estándares y protocolos para el uso ético de la información.
Francisco Carrasco M.
El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, dijo que:
“Chile y Costa Rica comparten una visión profunda sobre el valor de la ciencia, la tecnología y la innovación como motores de progreso democrático, equidad y bienestar. Y esta firma simboliza no solo una alianza bilateral, sino también la voluntad compartida de aportar a la autonomía tecnológica de América Latina y el Caribe”.
El acuerdo también contempla el impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico conjunto, aprovechando las capacidades científicas y técnicas de ambos países. En ese marco, se avanzará en el diseño del modelo de lenguaje y en la creación de metodologías de evaluación que aseguren una representación adecuada de la diversidad regional.
Francisco Carrasco M.
La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Paula Bogantes Zamora, expresó que:
“La incorporación de Costa Rica al proyecto Latam-GPT representa un paso estratégico para asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial en la región responda a nuestros valores, nuestra diversidad cultural y nuestras realidades sociales. Apostamos por una inteligencia artificial ética, inclusiva y construida desde América Latina, con soberanía tecnológica y al servicio de las personas”.
Coordinación e implementación
Otro eje relevante es la promoción de la investigación científica conjunta, a través de proyectos colaborativos entre instituciones académicas y centros de investigación, además del intercambio de conocimientos, metodologías y buenas prácticas en el ámbito de la inteligencia artificial.
Francisco Carrasco M.
“El objetivo es contar con modelos de lenguaje que nos representen, que reflejen nuestra idiosincrasia, culturas, lenguas, artes y realidades sociales, y que nos permitan sentirnos parte activa de la revolución global del conocimiento y de la inteligencia artificial, desde una identidad propia y compartida como región”, comentó la directora de operaciones del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), Mónica Soto.
Para la implementación del acuerdo, cada país designará una contraparte técnica nacional en un plazo de 30 días desde la entrada en vigor del MdE. En el caso de Chile, esta función será asumida por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), mientras que en Costa Rica estará a cargo de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación del MICITT.
Estas entidades coordinarán los ecosistemas nacionales de ciencia, tecnología y cultura, integrarán datasets al patrimonio digital regional y promoverán la participación de equipos técnicos y proyectos conjuntos.
El memorándum se implementará conforme a la legislación interna de cada país y permitirá la participación de instituciones públicas, sector privado y sociedad civil. El acuerdo no contempla compromisos financieros adicionales para los Estados y tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable automáticamente por hasta cuatro años.
