El proyecto de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial en Chile avanza en el Congreso con un enfoque que ha generado preocupación entre expertos, gremios tecnológicos y parlamentarios.
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Aunque su finalidad es proteger derechos fundamentales, la propuesta contiene niveles de exigencia que podrían limitar el desarrollo tecnológico, encarecer el acceso para emprendedores y desincentivar la inversión en un área estratégica para el país. Esto ya genera críticas en distintos sectores y expertos advierten que su actual redacción podría limitar el desarrollo de la IA, además de frenar la inversión en tecnología.
Update de la nueva Ley
El debate se ha intensificado tras conocerse que el proyecto replica e incluso endurece puntos clave de la ley europea, en un contexto local mucho más reducido.
En palabras de la diputada Paula Labra Besserer, integrante de la Comisión de Futuro, Ciencias y Tecnología destaca que:
“Nuestro contexto local es mucho más reducido, estamos frente a una ley que responde más al temor que al desarrollo. Lo que necesitamos es armonizar la legislación ya existente y sancionar los malos usos, no impedir el crecimiento del ecosistema”.
Uno de los aspectos más críticos es la imposición de obligaciones técnicas y legales difíciles de cumplir para startups y pymes, que quedarían en desventaja frente a grandes empresas. Además, la norma restringe el uso de datos para entrenar modelos de IA, lo que pone en riesgo el desarrollo de sistemas adaptados a la realidad chilena.
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La diputada ejemplificó también que:
“entre las exigencias, se encuentra la trazabilidad total de decisiones algorítmicas y sistemas de evaluación de impacto ético, procesos que requieren inversiones millonarias fuera del alcance de empresas emergentes”.
Raúl Ciudad, vicepresidente de ACTI, destaca por su parte que:
“La ley impone estándares que solo las grandes corporaciones pueden cumplir. Las startups quedan fuera por costo y complejidad. En lugar de restringir, deberíamos fomentar ambientes de prueba, abrir el acceso a datos y generar condiciones para el crecimiento de soluciones hechas en Chile. El ecosistema digital nacional necesita reglas que incentiven, no castiguen, la innovación".
Francisco Carrasco M.
La diputada nuevamente recalcó la falta de armonía con el ecosistema legislativo existente:
“Tenemos la ley de ciberseguridad, la de protección de datos personales y el propio Código Penal para castigar los malos usos. No se justifica una ley adicional, ya que en la práctica, duplicar normativas vigentes no mejora la protección; sólo agrega barreras que el ecosistema ya ha aprendido a gestionar con las herramientas actuales”.
La propuesta también muestra escasa articulación con políticas públicas en vigor, como el Plan Nacional de Inteligencia Artificial o el Plan de Data Centers, lo que podría provocar incoherencias regulatorias y frenar la implementación de una agenda digital robusta. Esta falta de coordinación amenaza con desalinear la estrategia digital del país, generando señales contradictorias para inversionistas y desarrolladores.
Francisco Carrasco M.
Mientras países como Japón, Corea del Sur o Singapur capturan inversión extranjera gracias a entornos regulatorios favorables, Chile podría quedar fuera del mapa regional si no se ajusta el proyecto. Una regulación demasiado estricta podría desalentar la instalación de infraestructura tecnológica, dificultar la llegada de inversión extranjera y reducir la competitividad del país.
ACTI, junto a diversas organizaciones tecnológicas y académicas, ha instado a un rediseño colaborativo de la ley, que asegure tanto la protección de derechos como el desarrollo de capacidades locales. Chile está a tiempo de legislar con visión de futuro: la inteligencia artificial no se detiene, y la regulación tampoco debería conseguirlo.
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