La Ley 21.521, más conocida popularmente como la “Ley Fintech”, ha entrado en una fase decisiva este 2025, con el proceso de registro obligatorio de prestadores, el cual está siendo supervisado por la Comisión para el Mercado Financiero, buscando transformar los servicios financieros digitales en Chile radicalmente.
Jonathan Munizaga
Según expertos, gracias a este nuevo marco, las empresas tecnológicas enfrentan un nuevo escenario regulatorio que promete mayor transparencia y seguridad para los usuarios.
La legislación obliga a las Fintech a inscribirse para obtener la autorización en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (RPSF), lo que les permitirá operar legalmente, además de impulsar la confianza de los usuarios y facilitar la competencia e innovación dentro del sector. En este sentido, un aspecto fundamental de esta transformación es el fomento de tecnologías digitales, especialmente la firma electrónica, como herramienta esencial para garantizar procesos seguros y eficientes.
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Danny Vargas, Subgerente Comercial de IDOK, empresa chilena especializada en gestión digital y firma electrónica, comenta al respecto que:
"La Ley Fintech representa un cambio paradigmático en cómo las empresas del sector deben abordar la autenticación y el consentimiento de usuarios. En esto la firma electrónica se ha convertido en una especie de último resquicio en la digitalización financiera, permitiendo que las fintechs cumplan con los requisitos regulatorios, mientras agilizan sus procesos de incorporación de clientes".
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Autenticación y trazabilidad
El especialista comenta que la normativa establece que el consentimiento informado para el manejo de datos personales debe ser explícito y revocable, situando a la firma electrónica como el mecanismo clave para obtener y validar este consentimiento, permitiendo asegurar la autenticidad y trazabilidad de las transacciones digitales, elementos relevantes pensando en la protección de datos personales.
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En el ecosistema, las Prestadoras de Servicios de Certificación (PSC) acreditadas tendrán la responsabilidad de establecer los estándares de firma electrónica que deberán cumplir todas las entidades participantes en el Sistema de Finanzas Abiertas, el cual tiene un inicio programado desde julio de 2026, lo que significa una oportunidad para las empresas del sector, de acuerdo al ejecutivo de IDOK:
"Las empresas que adopten tempranamente soluciones robustas de firma electrónica tendrán una ventaja competitiva significativa, ya que no solo podrán cumplir con los requisitos actuales, sino que estarán preparadas para los desafíos futuros del Sistema de Finanzas Abiertas".
La nueva legislación planeta una formalización del sector Fintech nacional, con foco en impulsar un modelo transparente, confiable y seguro, con proyecciones a democratizar el acceso a sistemas de open banking en Chile.
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