La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI A.G.), sostuvo que la modernización digital del Estado debe traducirse en mayor productividad y en servicios digitales más visibles para la ciudadanía, especialmente mientras avanza la implementación de la Ley N° 21.180, que impulsa la Transformación Digital del Estado.
Francisco Carrasco M.
En ese sentido, el gremio planteó que reforzar la difusión de los trámites digitales disponibles es clave para que este proceso tenga un impacto más claro en la vida cotidiana de las personas y en la operación de empresas e instituciones. Esto, considerando que la norma entrará plenamente en régimen el 31 de diciembre de 2027, lo que abre una ventana de 15 meses para informar mejor a la ciudadanía, especialmente en regiones, sobre los canales digitales que ya están disponibles y los cambios que vienen en la relación con el Estado.
Cabe señalar que el Índice de Gobierno Digital de la OCDE dado a conocer en febrero, y cuyos datos fueron recopilados durante el primer semestre de 2025, refleja avances en gobernanza de datos, infraestructura pública digital e identidad digital, y sitúa a Chile en el quinto lugar global en la dimensión centrada en el usuario, con un puntaje de 0,90. Para ACTI, ese reconocimiento es el punto de partida para abrir una conversación sobre cómo conectar la modernización del Estado con el desarrollo económico concreto de las regiones, las empresas y los hogares.
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Luz María García, gerenta general de ACTI, explicó que:
"Chile no está digitalizando el Estado sólo para reducir la burocracia, sino para ser más competitivo. Un Estado sin filas reduce lo que hoy le cuesta a cualquier empresa y ciudadano relacionarse con las entidades públicas. Pero creemos que todavía no está instalado en el debate que esa relación entre las personas y el Estado puede convertirse en una palanca de desarrollo real, tanto a nivel productivo como en materia de calidad de vida".
De acuerdo al gremio, un Estado que opera digitalmente es también una plataforma para el desarrollo territorial. Esto implica que eliminar las filas en un municipio rural significa que un pequeño productor puede formalizar su actividad sin viajar a la capital regional ni perder días laborales en trámites. Además, Chile puede disputar talento e inversión en condiciones más competitivas que sus pares regionales y esa cadena de efectos positivos es la que el gremio considera aún subestimada en el diseño de las políticas públicas.
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En consecuencia, el desafío que ACTI identifica para los próximos meses es la difusión ciudadana, sobre el potencial real que tienen los trámites digitales. Así lo grafica el reporte Hogares Conectados 2026 de la Fundación País Digital, que revela que, si bien la cobertura de internet en Chile es prácticamente universal, la brecha entre uso recreativo y productivo de tecnología sigue siendo amplia, porque el 85% de los chilenos domina redes sociales, pero solo la mitad utiliza herramientas digitales de productividad.
En ese contexto, digitalizar el Estado sin comunicar masivamente cómo usar los nuevos servicios corre el riesgo de no traducirse en un cambio perceptible para la mayoría de las personas.
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Monitoreo de implementación de la Ley
En 2025, ACTI firmó un Memorando de Entendimiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar la implementación de la Ley N° 21.180. El acuerdo contempla un Observatorio de Cumplimiento con metas hasta 2027 y una mesa público-privada para identificar y resolver barreras operativas que puedan retrasar el proceso.
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Este tipo de articulación es clave porque la modernización del Estado no depende solo de voluntad normativa, sino de la capacidad real para monitorear la implementación y corregir obstáculos antes de que se acumulen. Sin ese seguimiento, el plazo de diciembre de 2027 corre el peligro de convertirse en una fecha de diagnóstico tardío y no en un logro efectivo para las personas, donde la gerenta general de ACTI recalcó:
"El plazo de la Ley 21.180 no es una fecha de cumplimiento regulatorio. Desde ACTI vemos que es la oportunidad de que los chilenos experimentan un Estado distinto. Pero para que eso pase, la ciudadanía tiene que saber lo que viene. Si no hay una campaña sostenida de difusión, el Estado puede digitalizarse y la gente puede seguir yendo a hacer filas. En ciudades grandes eso ya es un problema, pero en regiones y lugares aislados la situación es aún más compleja".
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En esa línea, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y la Secretaría de Gobierno Digital formalizaron en junio de 2026 un convenio para coordinar la implementación de la Ley 21.180 en municipios y gobiernos regionales, con foco en formación de equipos locales y articulación institucional en todo el territorio.
