Al cerrar este año, es imprescindible mirar atrás con honestidad: Chile ha acumulado avances valiosos en digitalización, modernización estatal y adopción de tecnologías emergentes, pero aún carece de un diagnóstico transversal que permita orientar políticas con la claridad necesaria.
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Para que la transformación digital deje de ser promesa y se convierta en motor real de desarrollo, necesitamos datos confiables que midan interoperabilidad, ciberseguridad, talento y la digitalización de nuestras pymes.
En el terreno de las pymes, por ejemplo, existe una señal alentadora: un estudio reciente señala que el 98% de las pequeñas y medianas empresas en Chile planeó invertir en digitalización en 2024. Eso demuestra que el mundo productivo reconoce con fuerza que la transformación digital es clave para su viabilidad. Al mismo tiempo, existe brecha importante: si bien muchas PYMES ya integran herramientas digitales básicas, como páginas web y banca digital, la incorporación de tecnologías propias de la “Industria 4.0” (como inteligencia artificial, automatización avanzada o robótica) sigue siendo incipiente. Esto implica que el país no puede contentarse con una digitalización superficial: se requiere madurez tecnológica, acompañada de estándares, interoperabilidad y formación de capital humano.
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En materia de ciberseguridad, la urgencia también se hizo evidente este año. Según un informe 2025, Chile concentra aproximadamente el 7% de los ciberataques reportados en Latinoamérica, ubicándose en el cuarto lugar regional. Este dato no es menor: revela la vulnerabilidad del ecosistema digital, y pone de manifiesto que digitalizar sin reforzar la seguridad equivale a construir sobre terreno inestable. Si no contamos con políticas robustas, formación de talento en seguridad, normativas claras y un sistema de reporte y respuesta eficiente para lo público y lo privado, los beneficios de la digitalización pueden verse comprometidos.
Estos ejemplos confirman lo que hemos sostenido con insistencia desde el gremio: no alcanza con buenas intenciones ni con inversiones fragmentadas. Lo que Chile necesita es una gobernanza digital basada en evidencia, articulada entre Estado, academia y sector privado. Esa gobernanza debe incluir mediciones periódicas que permitan monitorear, entre otros, la brecha de talento digital, la adopción de estándares de interoperabilidad, la cantidad de incidentes de ciberseguridad, la inversión en I+D, el grado de digitalización de las pymes, y las exportaciones de servicios tecnológicos. Solo así podremos evaluar con claridad nuestras fortalezas, identificar falencias y priorizar acciones con sentido estratégico.
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2025 mostró que hay voluntad en muchos actores: pymes invirtiendo en digitalización, empresas reconociendo la urgencia de seguridad, Estado impulsando planes normativos. Pero también dejó en evidencia que la ausencia de datos imposibilita un diagnóstico confiable. Si no medimos lo que importa, seguimos actuando a ciegas.
Este país tiene la oportunidad de definir su rumbo digital. Para ello, debemos comprometernos con un modelo de política pública que combine inversión, regulación inteligente, formación de talento y, por sobre todo, transparencia y datos. Es la única forma de transformar promesas tecnológicas en desarrollo real, inclusivo y sostenible. Desde ACTI insistiremos en ese camino: porque digitalizar no es un fin, es un medio si lo hacemos bien.
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