La entrada en vigor de la Ley N° 21.663 de Ciberseguridad marca un paso clave para proteger la infraestructura crítica en un entorno digital chileno, que evoluciona, se complejiza y abre flancos de exposición.
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Sin embargo, entre el propósito normativo y las capacidades reales de las empresas para cumplirlo, se abre un espacio que debe ser atendido con realismo regulatorio y visión de sostenibilidad.
La ley llega en el momento correcto, pero su éxito dependerá de la capacidad institucional para acompañar su implementación. Una regulación efectiva debe procurar mantener un equilibrio entre la exigencia y la proporcionalidad. Fortalecer la seguridad del ecosistema digital no puede recaer exclusivamente sobre quienes operan los sistemas, especialmente cuando los recursos humanos y tecnológicos son limitados.
En lo puntual, el requerimiento de reportar incidentes en tres horas, con actualizaciones en 24 o 72 horas, busca transparencia, pero pone a prueba la capacidad operativa de muchas instituciones.
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En un ciberataque, la precisión es tan importante como la rapidez. Forzar reportes prematuros puede generar ruido y debilitar la calidad de la información. La seguridad se mide por capacidad de respuesta coordinada, no solo por velocidad.
Otro de los cambios más relevantes es la responsabilidad directa que recae sobre los directorios y las altas direcciones. Esta transformación es positiva: por fin la ciberseguridad ingresa al centro de la gestión corporativa. Pero también implica un nuevo nivel de exposición legal.
Francisco Carrasco M.
Exigir certificaciones internacionales como ISO 27001 o 22301 eleva el estándar del país, pero el desafío práctico es enorme, y podría poner un freno a la innovación en un gran número de emprendimientos. Aunque aspirar a niveles globales es deseable, no todas las organizaciones cuentan hoy con los medios para alcanzarlos en los plazos definidos.
Así también, la extensión de la responsabilidad a la cadena de suministro es otro punto crítico. Incorporar a los proveedores y socios tecnológicos en el perímetro de la ley fortalece la resiliencia del sistema, pero aumenta los costos de control, la carga operativa y el riesgo reputacional.
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La Ley de Ciberseguridad es un avance innegable, pero su efectividad depende de la colaboración entre Estado, empresas y organismos supervisores.
