Según la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2025, la percepción de que existe “mucha corrupción” en Chile aumentó de 61% en 2015 a 81% en 2025.
Una cifra preocupante, que surge en un contexto marcado por denuncias de favores, presiones y nombramientos cruzados entre notarios, integrantes del Poder Judicial y otros actores del sector público.
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Los chats de un notario que evidencian el intercambio de gestiones para obtener cargos, apoyos estratégicos y contactos en tribunales —tratados prácticamente como bienes transables— no pueden dejarnos indiferentes. La ciudadanía observa cómo el acceso a cargos, información o trámites parece depender, demasiadas veces, de tener el contacto adecuado antes que del mérito o la legalidad.
No se trata solo de cómo están operando notarios y funcionarios, sino de qué está pasando con la credibilidad del país. Aunque Chile avanza a velocidad crucero hacia la digitalización, queda mucho camino por recorrer para cortar de raíz a quienes se benefician de estructuras que no favorecen la transparencia.
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La tecnología simplifica trámites, pero también reduce espacios para la arbitrariedad y obliga a que cada acto administrativo deje su rastro. Por eso, muchas veces, la resistencia a la modernización pareciera ser más política que técnica. Sin embargo, no podemos permitirnos sostener un sistema donde la discrecionalidad es tan amplia que se vuelve un campo fértil para la colusión y los favores.
En este contexto, la digitalización se vuelve fundamental para asegurar la trazabilidad de los procesos notariales y judiciales. Las denuncias conocidas recientemente nos recuerdan que modernizar el sistema no es un lujo ni un capricho, sino un imperativo ético. Si bien la digitalización no elimina por completo la corrupción, sí contribuye a dificultarla.
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No debemos olvidar que lo que está en juego no es solo el prestigio de una institución o de las personas involucradas en una trama oscura, sino la confianza que proyectamos como país.
Si aspiramos a reconstruirla, debemos abrir de par en par las puertas a la tecnología, permitiendo que impulse la transparencia, el orden y la credibilidad: activos valiosos para los inversionistas que dinamizan nuestra economía.
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