Chile inicia un nuevo ciclo político con un mandato claro: responder a la demanda ciudadana por más seguridad y hacerlo con resultados concretos en el corto plazo. Con el nuevo gobierno ya electo, el país entra en una etapa en que las decisiones legislativas y estratégicas de los próximos cinco años serán determinantes para llegar preparados a 2030.
Columnas al director
No es un horizonte lejano; es la agenda inmediata que marcará si el Estado será capaz de modernizar su respuesta ante emergencias, delitos y riesgos complejos.
La discusión sobre el proyecto que crea un número único de emergencias —el futuro “911 chileno”— es un buen ejemplo del tipo de reformas que Chile necesita acelerar. Un país con más de diez números de emergencia refleja fragmentación; un número unificado, en cambio, abre la puerta a construir un ecosistema más coordinado y eficiente. Pero el verdadero desafío político que enfrenta el Ejecutivo no es aprobar la ley, sino asegurar que el sistema se implemente con tecnología moderna, interoperabilidad y estándares que permitan a todas las instituciones —policías, salud, municipios, transporte y seguridad privada— trabajar como un solo cuerpo.
Columnas al director
Los próximos cinco años serán decisivos para eso. La pregunta que el nuevo gobierno debe resolver no es solo qué leyes impulsar, sino cómo garantizar que la innovación tecnológica sea una política de Estado y no una sumatoria de proyectos aislados. La experiencia internacional es clara: los países que reducen tiempos de respuesta y fortalecen su capacidad operativa lo hacen integrando datos, comunicaciones, video, software y flujos de trabajo críticos en una sola arquitectura. Es lo que permite que una llamada llegue al centro correcto según la ubicación exacta —como lo hace NG911—, que un operador reciba video o imágenes en tiempo real, o que distintas agencias colaboren sin barreras técnicas.
Al mismo tiempo, otras reformas ya en marcha anticipan este cambio. La Ley 21.659 de Seguridad Privada, que profesionaliza y moderniza un sector clave para la seguridad ciudadana, es una señal de que el país está avanzando hacia mayores estándares, más transparencia y tecnologías que permitan generar evidencia confiable y operar con mejores prácticas. Pero para que estas transformaciones sean efectivas, deben integrarse a un sistema más amplio. De lo contrario, las islas tecnológicas seguirán reproduciendo la fragmentación que precisamente buscamos superar.
Columnas al director
El contexto electoral deja una lección política evidente: la ciudadanía quiere resultados rápidos, coordinación real entre instituciones y un Estado que responda con más inteligencia y menos improvisación. La seguridad ya no puede abordarse desde la lógica del parche o la reacción tardía; requiere planificación estratégica, infraestructura robusta, protocolos comunes y tecnologías interoperables. Innovar sin integrar es insuficiente, e integrar sin modernizar es inviable.
Chile tiene una ventana de cinco años para dar un salto cualitativo, no incremental. La agenda legislativa deberá permitir compartir información crítica entre organismos, establecer estándares unificados para sistemas de emergencia, regular el uso responsable de la inteligencia artificial en seguridad, fortalecer las capacidades municipales y garantizar interoperabilidad en todo el territorio.
Columnas al director
El nuevo gobierno tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de liderar esta modernización. No se trata únicamente de adoptar mejores herramientas, sino de construir un Estado más ágil, más coordinado y más preparado para proteger a su ciudadanía.
Si Chile quiere llegar con fuerza al próximo decenio, debe comenzar ahora. El tiempo electoral ya terminó; el tiempo de la integración acaba de empezar.
Columnas al director
