La irrupción de la inteligencia artificial generativa en el ámbito judicial ha abierto una oportunidad inédita para modernizar el sistema de justicia chileno. Sin embargo, esta transformación debe avanzar con una premisa irrenunciable: ninguna tecnología o algoritmo puede reemplazar el juicio del magistrado al momento de aplicar la ley a un caso concreto.
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Para que la IA sea una herramienta útil y confiable, la judicatura requiere un modelo de gobernanza claro que defina cómo, cuándo y con qué límites pueden utilizarse estas soluciones. Este marco debe otorgar grados de libertad a los funcionarios judiciales, permitiéndoles adaptar el uso de la tecnología a sus necesidades, y al mismo tiempo garantizar que siempre tengan acceso a las mejores y más seguras plataformas disponibles, así como a capacitaciones permanentes.
La protección de los datos que maneja el Poder Judicial es otro pilar esencial. Estos deben ser gestionados en una nube confiable, bajo condiciones contractuales claras, que aseguren la confidencialidad, la seguridad y el resguardo de los datos.
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El poder judicial de Chile está dando pasos importantes en esta dirección. La reciente aprobación del Código de Ética Judicial, que incluye orientaciones sobre el uso responsable de tecnologías, es una señal muy positiva. Proyectos de uso de IA como "Justa" en el Juzgado de Letras de Mulchén permiten anticipar el tremendo potencial de estas nuevas herramientas. El lanzamiento del nuevo buscador jurisprudencial con uso de inteligencia artificial y acceso a más de 1 millón 500 mil sentencias es otro ejemplo de liderazgo e innovación.
Sin embargo, en términos de uso de la IA generativa por parte del poder judicial, el reciente estudio elaborado por el Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas de la Universidad Adolfo Ibáñez, sobre percepción de uso de tecnología en los Juzgados Civiles muestra un bajo nivel de penetración.
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En efecto, un 87,8 % de los jueces consultados no estaría usando estas tecnologías. Hay distintas razones que explican este fenómeno, pero me parece que la falta de decisión de las autoridades de dar un respaldo explícito y claro podría ser un factor clave.
El poder judicial de Chile se destaca en América Latina por el alto nivel de digitalización de sus procesos. En la última década, ha implementado con éxito el expediente judicial electrónico en prácticamente todos sus tribunales, complementado con notificaciones digitales, audiencias virtuales y plataformas de interoperabilidad con otras instituciones.
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El siguiente desafío es acelerar la adopción de la IA generativa para resolver las miles de causas pendientes, liberando a los funcionarios y jueces de trabajos repetitivos y permitiéndoles enfocarse en resolver con mayor calidad y prontitud. No hay tiempo que perder.
