La extensión de la Ley de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo (Ley I+D) hasta 2035, promulgada recientemente, es una excelente noticia para la innovación empresarial en Chile porque representa una declaración de principios sobre el tipo de país en el que nos queremos convertir.
Francisco Carrasco M.
Un país que sin dar la espalda a sus ventajas comparativas en recursos naturales apuesta por el único recurso verdaderamente infinito: el conocimiento humano aplicado a resolver problemas reales.
En la Cuenta Pública 2025 del Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, se anunció que Chile pasó de invertir 0,39% del PIB en I+D en 2022 a un 0,41% en 2023, cifra que, si bien representa un aumento positivo, está lejos del 1% acorde al actual ingreso por habitante y del 2,7% de países OCDE.
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Es ahí que la Ley I+D revela un aporte sostenido que no debía quedar inconcluso si aspiramos a cerrar esta brecha. Entre 2012 y 2024 la tasa de certificación de proyectos de I+D fue del 74%, beneficiando a 731 empresas, las que superaron los $980.000 millones en total.
Si miramos solo en 2024, se redibuja la geografía de la I+D empresarial: el 62% de los montos certificados corresponden a regiones fuera de la Metropolitana, con Los Lagos (28,4%) y Valparaíso (4,6%) liderando. Además, pesca y acuicultura y minería, tradicionalmente percibidas como industrias “commoditizadas”, escriben su propia narrativa al encabezar las certificaciones con $22.679 millones y $12.950 millones, 33% y 19% del total, respectivamente.
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Las mipymes, por su parte, también emergen como ejemplo de democratización de la I+D con montos certificados que, el año pasado, se dispararon en un 110% respecto de 2023, aumentando su representación del 1% al 10% del total certificado.
La extensión de la Ley I+D, a la luz de estos resultados, representa una señal de coherencia y convicción por parte del Estado de potenciar la inversión que realizan las empresas en nuevo conocimiento. Esta es una oportunidad para que más empresas se beneficien de este incentivo, pues de las casi 3.000 que realizan I+D en Chile, solo el 8,5% la utiliza. Es más, si todas hubiesen usado el beneficio tributario, y reinvertido los US$250 millones de rebaja tributaria que dejaron de percibir en más iniciativas como éstas, el país podría haber alcanzado un 0,48% de inversión en I+D.
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Para Corfo, esta brecha nos anima aún más a reforzar nuestro compromiso de acompañar a las empresas de todos los tamaños y regiones en su acercamiento a la I+D, para derribar mitos, mostrar caminos e ilustrar con casos concretos cómo el nuevo conocimiento impacta en la competitividad y productividad empresarial.
