El acuerdo de Meta en Estados Unidos ha vuelto a abrir el debate sobre la regulación de las plataformas. Pero quizás la pregunta de fondo es otra: ¿tenemos instituciones adecuadas para gobernar el tipo de poder que hoy concentran estas plataformas?

Yanis Varoufakis utiliza el provocador concepto de “tecnofeudalismo” para describir plataformas que ya no solo participan en mercados, sino que administran espacios digitales, definen sus reglas y condicionan la forma en que otros actores interactúan, comercian y toman decisiones.
En esta lógica, los usuarios operamos dentro de esos espacios y generamos valor a través de nuestros datos y atención para quienes los controlan, una dinámica que Varoufakis compara con la relación entre siervos y señores feudales.

La tensión surge porque esas plataformas concentran una doble capacidad: participan de la economía digital y, al mismo tiempo, establecen buena parte de las condiciones bajo las cuales esta funciona. Confiar exclusivamente en su autorregulación supone, entonces, pedir a quienes ejercen ese poder que definan también sus propios límites.
Durante siglos hemos construido instituciones para gobernar la concentración del poder político y económico. El poder de estructurar nuestros entornos digitales es más reciente, y sus contrapesos todavía están en construcción.

El caso Meta no solo evidencia los límites de la autorregulación. También plantea una pregunta más profunda: ¿estamos intentando gobernar el poder del siglo XXI con instituciones pensadas para el XX?


