Por Claudio Magliona, presidente de la Mesa Legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) y socio de Magliona Abogados.
La protección de datos personales se ha robustecido como uno de los pilares de la economía digital moderna. Además de ser un estándar jurídico, se trata de una condición estructural para generar confianza, habilitar innovación y sostener la competitividad de los países en un entorno global cada vez más exigente.
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Chile ha avanzado de manera significativa en los últimos años con la aprobación de nuevas normativas en materia de datos, ciberseguridad y delitos informáticos. Ahora bien, tal como lo hemos planteado desde el gremio en nuestro documento posicional, el desafío hoy no es regular más, sino hacer una pausa para permitir implementar correctamente estos nuevos estándares.
Una economía de datos sólida requiere reglas claras, técnicas y coherentes. La eventual coexistencia de múltiples agencias con facultades sancionatorias sobre los mismos hechos, además de aumentar los costos de cumplimiento, debilita la previsibilidad regulatoria. Es necesario, entonces, que estas agencias se coordinen, por ejemplo, en la creación de una ventanilla única para efectuar notificaciones de incidentes de ciberseguridad o de riesgo de pérdida o filtración de datos personales. En industrias intensivas en conocimiento y capital, la certeza jurídica es tan relevante como la estabilidad macroeconómica.
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Desde una perspectiva gremial, creemos que la implementación efectiva de la nueva institucionalidad, en particular de la futura Agencia de Protección de Datos, debe concentrarse en construir estándares, promover buenas prácticas y fortalecer capacidades, antes que en inaugurar una lógica punitiva temprana. Un buen ejemplo a seguir es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que en poco tiempo ha logrado generar toda la institucionalidad sobre la materia, con altos estándares de cumplimiento para prestadores de servicios esenciales y operadores de importancia vital, justamente con una estrategia de acercamiento a sus regulados e inclusive con una estrategia colaborativa, demostrando que no necesariamente la lógica punitiva es el camino correcto.
La protección de datos no es un obstáculo para el desarrollo de la economía digital, sino que, muy por el contrario, es su condición habilitante. Pero para que cumpla ese rol, requiere gobernanza coordinada, consulta pública efectiva, diálogo permanente entre sector público y privado e incentivos para la economía digital.
Son urgentes las medidas que promuevan la exportación de servicios y el crecimiento económico digital de Chile, que es el camino para crecer en un mundo en constante evolución, especialmente ahora con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial.
