Este mes el país celebró la Semana de las Mipymes y Cooperativas, una instancia necesaria para reconocer el rol que cumplen las pequeñas y medianas empresas en la economía chilena, las cuales representan el 98,3% del total de compañías y generan el 62% del empleo privado, pero siguen enfrentando barreras que frenan su crecimiento.
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Tras la pandemia, aún faltan 292 mil puestos de trabajo para alcanzar los niveles previos a 2020. ¿Cómo aseguramos que puedan competir en un entorno donde la productividad depende, cada vez más, de la adopción tecnológica?
El principal obstáculo es que muchas empresas de menor tamaño aún operan con herramientas analógicas, con poca conectividad y escaso acceso a capacitación digital. Ese rezago tiene un costo visible, la brecha entre quienes incorporan tecnología y quienes no lo hacen se traduce directamente en menores ventas, productividad y acceso a nuevos mercados. Según la encuesta Adopción Digital Pymes Chile 2023, el 90% de las pymes reconoce que la digitalización es relevante para su negocio, pero solo una de cada cuatro ha logrado implementar una estrategia concreta. En otras palabras, existe conciencia, pero falta acompañamiento.
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El desafío no es menor. La mitad de las pymes chilenas aún está “explorando” iniciativas digitales, muchas veces limitadas a redes sociales o canales básicos de venta en línea. Sin embargo, la digitalización va mucho más allá de eso: implica incorporar gestión de datos, automatización, ciberseguridad y cultura digital al interior de las organizaciones. Y ahí es donde Chile todavía tiene tareas pendientes. La adopción tecnológica sigue concentrada en empresas medianas y urbanas, mientras miles de micro y pequeñas firmas en regiones siguen sin conectividad estable o acceso a soluciones asequibles.
Desde ACTI, vemos en este escenario una oportunidad concreta. Las pymes pueden avanzar mucho más rápido si se integran a la Economía Digital, con incentivos claros para invertir en infraestructura, automatización y seguridad. La nueva Ley de Permisos Sectoriales, por ejemplo, abre la posibilidad de acortar los plazos para desplegar fibra óptica, data centers o infraestructura tecnológica regional, lo que permitiría acercar las herramientas digitales a miles de emprendimientos locales.
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Otro punto clave es el capital humano. Por eso no hemos acercado a los comandos de los candidatos presidenciales para proponer fortalecer los programas de reconversión laboral y certificación de competencias digitales, especialmente en regiones. La adopción tecnológica no ocurre por decreto, requiere acompañamiento, formación y alianzas entre Estado, industria y academia.
También es fundamental avanzar hacia una regulación pro-innovación. Chile necesita leyes de Datos Personales, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial que protejan a las personas, pero que al mismo tiempo habiliten a las empresas a innovar. La sobre-regulación no puede transformarse en una nueva barrera de entrada para quienes recién están dando el salto digital.
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La Semana de la Pyme debe servir para pasar del reconocimiento a la acción. Si queremos un desarrollo más equitativo, debemos asegurar que cada empresa —sin importar su tamaño o ubicación— tenga las condiciones para digitalizarse, crecer y competir. En eso, el país tiene una tarea pendiente.
