El reciente anuncio sobre el uso de sistemas de reconocimiento facial para pagar pasajes en el transporte público RED marca un hito en la integración de tecnologías biométricas en la vida cotidiana de las ciudadanos.
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La idea de subirse a un bus sin necesidad de sacar una tarjeta o escanear un código QR es, sin duda, atractiva: mayor seguridad, menos fricciones, accesos más fluidos y, en teoría, una mejor experiencia para las personas.
Sin embargo, este avance solo será un verdadero progreso si se implementa de forma responsable, garantizando la protección de nuestros derechos fundamentales, especialmente en lo que respecta a los datos personales.
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En Chile, la Ley N° 21.719, recientemente promulgada, regula con mayor detalle el tratamiento de datos personales y establece principios clave que van más allá del ámbito administrativo, pues constituyen garantías para la ciudadanía: legalidad, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, confidencialidad y derecho al consentimiento informado. Estas obligaciones son aún más sensibles cuando hablamos de datos biométricos, particularmente el rostro, ya que se trata de información irremplazable, permanente y de alto valor tanto para fines comerciales como delictivos.
El consentimiento informado, revocable en todo momento, debe ser el pilar de cualquier sistema basado en reconocimiento facial. La finalidad del tratamiento debe estar claramente delimitada —en este caso, el pago del pasaje— y el uso de los datos debe ser seguro, limitado y transparente.
¿Qué significa esto en la realidad?
Que cada usuario debe saber con exactitud para qué se usará su rostro, quién tendrá acceso a esos datos, cuánto tiempo serán almacenados, cómo pueden ser eliminados y cómo evitar que se usen para fines distintos al pago. Además, los operadores tecnológicos deben implementar rigurosos protocolos de ciberseguridad, cifrado en tránsito y en reposo, monitoreo continuo y salvaguardas éticas que eviten posibles discriminaciones por edad, género o etnia.
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La banca ya ha dado algunos pasos en esta dirección. Varias aplicaciones de bancos nacionales tienen un sistema de reconocimiento facial incluido para abrir la sesión del usuario o procesar pagos. Ahora bien, el uso de estas tecnologías en el transporte público puede ser un gran paso adelante si se implementa correctamente. Podríamos acercarnos a una ciudad más conectada, eficiente y moderna.
No obstante, también existe el riesgo de que se convierta en una puerta de entrada al monitoreo excesivo, la vigilancia injustificada o el mal uso de información sensible si no se toman todos los resguardos necesarios. De hecho, ya se ha planteado la posibilidad de usar el reconocimiento facial para identificar personas con órdenes de detención vigentes. ¿Qué pasaría si esta tecnología se extrapola a otros espacios sin consentimiento claro de los usuarios? ¿Estamos preparados para ese debate? Estas son preguntas cruciales a la hora de considerar el uso de esta tecnología en espacios públicos.
Francisco Carrasco M.
El caso del transporte público puede ser un laboratorio de prueba de cómo Chile avanza hacia una economía digital que respete los derechos fundamentales. Si lo hacemos bien, podríamos ver pronto estas soluciones extendiéndose hacia otros sectores: pagos en supermercados, accesos a edificios corporativos, sistemas de salud digitalizados, o incluso mecanismos de votación electrónica. Pero el éxito dependerá de una condición sine qua non: que la tecnología no se use contra las personas, sino en favor de ellas.
