La discusión sobre la futura Ley de Inteligencia Artificial en Chile ha tomado velocidad, pero no necesariamente profundidad técnica. Las observaciones planteadas por organizaciones como la ACTI y otros gremios tecnológicos reflejan un punto crítico: regular la IA no es solo legislar, es diseñar una arquitectura regulatoria que sea operativamente viable, tecnológicamente consistente y financieramente sostenible para el ecosistema digital chileno.
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Hoy el país avanza en paralelo en diversas exigencias normativas —Ley de Delitos Informáticos, Ley Marco de Ciberseguridad, Nueva Ley de Protección de Datos— que, si bien responden a necesidades legítimas, están generando un costo regulatorio acumulado que no puede ignorarse. Estudios recientes indican que las empresas destinan hasta 19% de su presupuesto tecnológico al cumplimiento. Este nivel de carga afecta la capacidad de desplegar proyectos de automatización, analítica avanzada e IA aplicada a operaciones críticas como logística, riesgo, soporte y experiencia de cliente.
La preocupación del sector no es ideológica: es técnica. La IA es una tecnología altamente dependiente de acceso a datos, iteración rápida, modelos adaptativos y ciclos continuos de mejora. Una regulación diseñada sin comprender estas dinámicas puede generar efectos contrarios a los buscados: aumentar la fricción operacional, elevar los costos de implementación y limitar la capacidad de innovar en áreas donde Chile ya presenta brechas de productividad.
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El ejemplo europeo es ilustrativo. La Unión Europea está revisando su AI Act precisamente porque su enfoque inicial —centrado en clasificación rígida de riesgos y obligaciones generalizadas— demostró tener efectos adversos en startups, proveedores de servicios y laboratorios de investigación. Estados Unidos, por el contrario, avanza hacia marcos más adaptativos, basados en estándares, auditorías técnicas y guías dinámicas. Ese contraste evidencia que el diseño regulatorio debe ser flexible y evolutivo, no prescriptivo y estático.
A esto se suma otro problema: el proceso. El seminario “IA para Chile” no constituye una instancia formal de participación técnica. Y una ley de esta envergadura requiere algo más que eventos: demanda mesas expertas permanentes, evaluaciones de impacto regulatorio y análisis comparado serio de los distintos modelos internacionales.
Francisco Carrasco M.
Desde la experiencia, se observa que los mayores avances provienen de marcos que definen principios claros, estándares auditables y roles de responsabilidad, más que de normativas detallistas que quedan obsoletas en pocos meses.
Una regulación adecuada puede impulsar la adopción responsable, fortalecer la confianza de los usuarios y elevar el estándar de la industria. Una regulación apurada o técnicamente inconsistente puede, en cambio, generar cuellos de botella. Para diseñar un marco que proteja derechos sin comprometer el crecimiento tecnológico necesita más ingeniería regulatoria y menos prisa legislativa.
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