Por Claudio Magliona, presidente de la Mesa Legal de ACTI y director invitado.
En tiempos donde la economía digital es clave para el crecimiento del país, Chile ha avanzado con decisión en la actualización de su marco legal en temas como protección de datos, ciberseguridad o fintech. Aunque refleja una voluntad clara de adecuarse a los nuevos desafíos, estas normativas también plantean una pregunta incómoda: ¿estamos construyendo las condiciones para avanzar o levantando barreras que podrían estancarnos?
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La delgada línea entre regulación y sobrerregulación se cruza cuando la implementación de una ley no ha terminado y ya se discute la siguiente, sin haber medido siquiera su impacto real. Para ser claros, en menos de tres años el país ha puesto en marcha nuevas agencias reguladoras, que duplican funciones y facultades sancionatorias sin una coordinación clara. Esto implica que un solo hecho, como una pérdida de datos, podría ser penalizado por la Agencia de Protección de Datos Personales, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el Mercado Financiero e incluso el SERNAC.
Esta carga recae con mayor dureza en las pequeñas y medianas empresas, quienes a diferencia de grandes corporaciones, muchas veces no cuentan con equipos legales, ni presupuestos de cumplimiento y mucho menos márgenes de maniobra. Así, terminan enfrentando exigencias complejas que tensionan a un ecosistema que necesita más capacidad de adaptación que rigidez.
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Las multas asociadas a la nueva Ley de Protección de Datos pueden alcanzar hasta un 4% de los ingresos brutos del año anterior, y la Ley Marco de Ciberseguridad establece sanciones que superan las 20.000 UTM para operadores de importancia vital. A esto se suman obligaciones de reportería múltiples, sin un sistema coordinado entre agencias, lo que implica no solo mayores costos operativos, sino también un aumento de la incertidumbre jurídica y la burocracia.
Lo preocupante es que mientras todo esto ocurre, seguimos sin una estrategia nacional clara que promueva la economía digital como motor de crecimiento. Argentina, por ejemplo, ha implementado una Ley de Economía del Conocimiento que ofrece beneficios tributarios, fomenta la capacitación y promueve las exportaciones tecnológicas. Si nuestro país no logra que sus políticas habiliten el desarrollo tecnológico, difícilmente lograremos competir globalmente.
Si no corregimos el rumbo, el exceso normativo y la falta de coordinación podrían empujar al ecosistema digital a un estancamiento del que nos cueste años salir. Legislar es necesario, pero también lo es hacerlo con propósito, articulación y sentido de oportunidad.
