Si bien la regulación chilena de las telecomunicaciones no se “cae a pedazos”, evidencia grietas profundas que deben repararse. La telefonía e internet —y, en menor medida, la radio y la televisión— son esenciales para el desarrollo digital del país.
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Sin embargo, la regulación se ha vuelto confusa y excesiva, lo que genera incertidumbre en las empresas y, a la larga, puede afectar la inversión, la innovación y la capacidad de Subtel para conducir adecuadamente el sector.
En primer lugar, existe una regulación dispersa y poco clara. La suma de reformas parciales, normas muy detallistas e interpretaciones administrativas cambiantes ha llevado a que muchas decisiones terminen en tribunales y se debilite la autoridad técnica. Esto reduce la certeza jurídica y aumenta los costos regulatorios, sin mejoras evidentes en la competencia ni en la calidad de los servicios.
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En segundo lugar, hay problemas de coordinación entre las autoridades. Las atribuciones de Subtel se cruzan con las del TDLC, el Sernac, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la futura Agencia de Protección de Datos Personales, especialmente en materia de espectro radioeléctrico con el primero. Este desorden institucional debilita la gobernanza del sector y favorece conductas oportunistas.
En tercer lugar, persisten conceptos jurídicos que ya no reflejan la realidad del sector. Categorías como “servicio público” y “concesión” responden a un modelo antiguo y no se ajustan a un mercado hoy mayoritariamente privado y competitivo. Esto obliga a actualizar una legislación diseñada para la telefonía fija de los años ochenta, en un contexto donde el objetivo es avanzar hacia una sociedad del gigabit.
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En este contexto, el libro Derecho de las Telecomunicaciones. Régimen jurídico y estructura del sector en Chile, escrito junto a Juan Luis Núñez, busca servir como una guía clara para ordenar el marco regulatorio del sector.
Su propósito es sistematizar la normativa aplicable a las comunicaciones electrónicas y facilitar la comprensión de un régimen hoy complejo y disperso. Esto resulta especialmente útil para las nuevas autoridades que asumirán en marzo, de cara a la necesidad de impulsar una reforma profunda y coherente a la Ley General de Telecomunicaciones.
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