Postergar una ley puede ser necesario para que exista una institucionalidad capaz de implementarla correctamente, pero no puede significar postergar la conversación ni la transformación cultural en torno al cuidado de la información sensible de cada ciudadano.
Hoy es relevante que las empresas sean capaces de acelerar sus estrategias de protección y estén preparadas para los nuevos escenarios de amenazas. Es la única forma de mitigar los riesgos y proteger los datos, más allá de la entrada de vigencia de una ley.
No basta con verificar que la empresa cumpla hacia adentro, sino asegurar que cada dato que administramos en nombre de nuestros clientes reciba el mismo estándar, sin importar en qué sistema o proceso se encuentre.
La mejor estrategia sería exactamente la contraria: aprovechar el tiempo para probar procesos, corregir errores y convertir obligaciones regulatorias en capacidades permanentes.
Esta decisión no sólo dilata la necesaria protección de los derechos de las personas sobre la circulación de su información, sino que castiga los esfuerzos e inversiones que diversas empresas u organizaciones ya han realizado para adecuar sus procesos normativos.
A poco más de tres meses de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, Chile enfrenta una paradoja. Mientras las organizaciones deberían estar acelerando su preparación para uno de los mayores cambios regulatorios de los últimos años, la posibilidad de postergar su implementación puede
Auditar mientras todavía se puede cambiar arquitectura, responsabilidades y procesos es mucho más valioso que descubrir, una vez finalizada la implementación, que el programa quedó perfectamente documentado, pero deficientemente integrado.