La tramitación de una ley de inteligencia artificial en Chile es una señal de avance, pero también una alerta: regular sin entender la tecnología puede terminar asfixiando su potencial.

La IA no solo necesita principios éticos, necesita infraestructura que permita implementarlos.
Tal como han señalado actores globales del sector, uno de los mayores desafíos actuales es garantizar la soberanía de los datos en un mundo hiperconectado. Eso implica pensar no solo en lo que hace la IA, sino en dónde se procesan los datos, cómo se almacenan y qué capacidades tiene el país para sostener ese ecosistema.

Sin centros de datos robustos, edge computing y una arquitectura distribuida, será difícil cumplir las promesas de una IA segura, justa y eficiente.
Chile tiene una gran oportunidad de liderar en América Latina y convertir a la IA en un servicio que podamos exportar, pero para ello necesita una regulación construida en diálogo con expertos, industria y sociedad civil. Solo así podremos garantizar que la IA se desarrolle con propósito, resguardo y también con mirada de futuro.
