Que las y los trabajadores de Chile puedan gozar de un entorno laboral libre de acoso debería ser una realidad transversal. Sin embargo, hasta hoy, existen empresas donde las personas son víctimas de conductas abusivas por parte de sus empleadores, líderes o pares, quienes les orillan a la renuncia y, en algunos casos, a tomar decisiones mucho más radicales.
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Bajo ese contexto, el próximo jueves 1 de agosto entrará en vigencia la primera ley integral que tipifica el acoso en ambientes de trabajo e instala protocolos de prevención por parte de las empresas.
La Ley N° 21.643, que “modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo”, conocida también como Ley Karin, define de manera precisa el acoso laboral y establece procedimientos claros para denunciar situaciones de esta índole. Además, obliga a la capacitación sobre la temática y a sancionar a aquellos que incurran en este tipo de malas prácticas.
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Es muy importante que los poderes del Estado, en conjunto, puedan intervenir y guiar ciertas discusiones, además de establecer parámetros y penalizaciones sobre conductas evidentemente incorrectas. Pero, también, es clave que las empresas se comprometan a aceptar cambios, trabajar para mejorar y, sobre todo, educar a sus equipos en temáticas sensibles como el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.
El desafío hoy es poder abordar la ley en su totalidad, acoger las sanciones, avanzar hacia entornos laborales sanos, seguros y, sobre todo, libres de cualquier tipo de acoso. Ya no estamos en tiempos en donde la hostilidad y la severidad son una cualidad de liderazgo; las empresas y quienes tienen cargos de poder deben comprometerse y abogar por espacios seguros para trabajar. Asimismo, las y los colaboradores deben estar dispuestos a incorporar en su cotidianeidad el respeto hacia sus pares.
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La invitación es a tomar en serio las denuncias, investigar los antecedentes, tomar acción basada en los hallazgos, monitorear, implementar políticas preventivas y, sobre todo, comprometerse a escuchar, acatar y respetar.
La prevención debe ser una prioridad en las empresas, y esto se logra a través de la aplicación de buenas prácticas internas, capacitación constante y la creación de un ambiente laboral donde cada colaborador se sienta seguro, escuchado y valorado. Solo así construiremos en conjunto lugares de trabajo más justos para todas y todos.
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