Chile enfrenta un momento decisivo en materia de ciberseguridad financiera. El crecimiento de los pagos digitales, el avance de tendencias como el Open Finance y la irrupción de nuevos actores Fintech han transformado la manera en que los chilenos interactúan con su dinero. Este dinamismo, sin embargo, trae consigo un riesgo proporcional: el fraude financiero y los ataques potenciados por IA.
Francisco Carrasco M.
Se estima que el sector de ciberseguridad en Chile proyecta alcanzar los USD $446 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta cercana al 6,9%, entre 2026 y 2031. Aunque estas proyecciones reflejan el tamaño del mercado más que la inversión directa, muestran con claridad que los recursos destinados a proteger identidades, gestionar vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia seguirán aumentando.
Chile parte de una posición favorable en la región: posee un sistema financiero altamente digitalizado, un regulador activo y una institucionalidad reforzada con la Ley Marco de Ciberseguridad y la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI). El sector financiero, además, ha desarrollado capacidades sólidas en gestión de riesgo y continuidad operacional. Pero la amenaza evoluciona más rápido que la respuesta.
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El reto, entonces, es pasar de la preparación a la anticipación. Se requiere identificar y correlacionar señales antes de que un ataque se materialice. En un país que avanza hacia la digitalización masiva de sus finanzas, blindar la confianza de los usuarios será tan estratégico como expandir la innovación.
La verdadera madurez no se medirá solo en regulaciones, sino en la velocidad con que logremos adelantarnos a la próxima amenaza.
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