Los diversos sistemas frontales de este año han vuelto a evidenciar una vulnerabilidad que Chile debe abordar con mayor decisión: cuando se interrumpe el suministro eléctrico, también puede verse comprometida la infraestructura de telecomunicaciones de la que dependen actividades esenciales para el funcionamiento del país. Pagos, logística, atención de salud, comunicaciones y operaciones productivas requieren hoy de redes disponibles incluso en escenarios de emergencia.
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La infraestructura digital es crítica para Chile, pero esa condición todavía debe traducirse con mayor fuerza en su planificación y en los estándares de resiliencia con que se diseñan y operan las redes. Buena parte de las estaciones base cuenta con sistemas de respaldo energético concebidos para interrupciones acotadas. Cuando los cortes se prolongan producto de eventos climáticos de mayor magnitud, esa autonomía puede resultar insuficiente y afectar la conectividad de los territorios involucrados.
Durante la emergencia, Subtel desplegó carros móviles para recuperar conectividad en las zonas afectadas, con señal 3G y 4G, conexión satelital y autonomía energética de hasta tres días. A ello se sumó un acuerdo con los operadores que estableció diez medidas para fortalecer la respuesta ante contingencias, incluyendo una mayor coordinación con el sector eléctrico para priorizar la reposición del suministro en nodos críticos.
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Son medidas necesarias, pero el desafío no puede limitarse a responder una vez que la conectividad ya se ha visto afectada. Chile necesita avanzar desde una lógica principalmente reactiva hacia una planificación que incorpore la continuidad operacional y la resiliencia energética como componentes permanentes de su infraestructura digital crítica.
Esto supone abordar una discusión que no es sencilla: aumentar los niveles de respaldo y autonomía de las redes implica inversiones adicionales. Sin embargo, cuando una infraestructura sostiene servicios esenciales, la resiliencia deja de ser únicamente una decisión operacional de cada empresa y pasa a ser un desafío que requiere estándares claros, coordinación público-privada y una definición responsable sobre cómo financiar esas capacidades.
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Desde ACTI hemos asumido también esa responsabilidad. Este año constituimos un comité permanente junto a empresas de telecomunicaciones y otros actores del ecosistema digital, orientado a desarrollar propuestas y estándares que permitan fortalecer las redes frente a emergencias y mejorar su capacidad para mantener la conectividad ante interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.
Pero disponer de soluciones tecnológicas no es suficiente. Uno de los principales desafíos está en la ejecución. La fragmentación normativa y los tiempos asociados a permisos y tramitaciones pueden retrasar proyectos indispensables para ampliar y reforzar la infraestructura. Reducir esas barreras, sin disminuir los estándares que deben cumplir las inversiones, es también una condición para avanzar con la velocidad que requiere el país.
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Chile cuenta con las capacidades técnicas, las empresas y el conocimiento necesarios para construir redes más resilientes. El desafío es generar las condiciones para hacerlo antes de la próxima emergencia y no cuando la contingencia ya está en desarrollo.
En una economía y una sociedad cada vez más dependientes de la conectividad, fortalecer la infraestructura digital no es solo una discusión tecnológica: es una tarea estratégica para la continuidad y competitividad del país.
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