La preocupación por lo que la inteligencia artificial mal usada puede causar en la honra y la intimidad de las personas ha impulsado el proyecto de ley que busca regular las representaciones digitales verosímiles pero falsas: los temidos deepfakes.
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Sin duda, la pornografía no consentida y la suplantación maliciosa de identidad exigen una respuesta estatal. Sin embargo, al analizar el texto aprobado por la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, queda de manifiesto un patrón preocupante en nuestra técnica legislativa: la pretensión de resolver fenómenos tecnológicos complejos mediante atajos regulatorios que arriesgan asfixiar libertades fundamentales y de paso institucionalizar una censura previa en internet.
El problema radica en el mecanismo acelerado de remoción de contenidos. Al obligar a las plataformas de redes sociales a retirar representaciones denunciadas en un plazo máximo de 72 horas bajo la amenaza de multas de hasta 10.000 UTM, el legislador no previó incentivos para una ponderación justa. Por el contrario, ante el temor de sanciones cuantiosas, los intermediarios corporativos optarán por el camino más seguro y económico: el retiro automático y preventivo de cualquier material que sea cuestionado.
Francisco Carrasco M.
De este modo, la potestad de decidir qué discursos públicos son legítimos se delega de facto en algoritmos corporativos y moderadores privados. La sátira política, las parodias y el periodismo de investigación serán las primeras víctimas de esta censura. Aunque la ley dice que estos contenidos están "protegidos" por ser libertad de expresión, les impone una regla muy burocrática: el creador está obligado a poner un aviso o etiqueta visible que advierta explícitamente que usó inteligencia artificial. Si el autor olvida o no pone este aviso formal, la publicación pierde su protección y podrá ser eliminada preventivamente.
Esta norma también podría colisionar con la recién aprobada Ley N.° 21.719 de Protección de Datos Personales. Mientras esta última establece un ecosistema robusto, flexible y técnicamente maduro para tratar datos sensibles y biométricos (como la voz, la gestualidad o los rasgos del rostro), el nuevo proyecto especial introduce rigideces que amenazan con paralizar la innovación local y sobrecargar a la naciente autoridad.
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Así, la “Agencia de Protección de Datos Personales” podría transformarse en un árbitro administrativo en esta materia, lo que desnaturaliza su rol como garante técnico de la privacidad, dispersando sus ya limitados recursos en una fiscalización de procesos impracticable frente a volúmenes masivos de datos.
Esta asimetría regulatoria afectará a las pymes tecnológicas locales incapaces de absorber los altos costos de cumplimiento. En lugar de avanzar hacia la madurez institucional de nuestra gobernanza de datos, corremos el riesgo de ahogar esa institucionalidad antes de que comience a operar en plenitud.
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