El proyecto de ley ingresado el día de ayer al Congreso para postergar en un año la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719, que modifica la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales, representa una mala noticia para el país.
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Esta decisión no sólo dilata la necesaria protección de los derechos de las personas sobre la circulación de su información, sino que castiga los esfuerzos e inversiones que diversas empresas u organizaciones ya han realizado para adecuar sus procesos normativos.
Detrás de este aplazamiento subyace la incapacidad de estructurar la Agencia de Protección de Datos Personales. Los intentos fallidos por nombrar a los integrantes de su consejo evidencian un problema técnico y de incentivos, ya que la propuesta de cinco consejeros con dedicación exclusiva no ofrece un nivel de remuneración acorde a la alta responsabilidad requerida, lo que resta atractivo a profesionales de primer nivel técnico. Aunque se busque hacer operar al Consejo con anticipación para redactar reglamentos y contratar personal, las condiciones de fondo siguen debilitadas.
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Las consecuencias de esta demora no son sólo jurídicas, sino también económicas. Sin una institucionalidad sólida y operativa, agencias internacionales (como las europeas) continuarán sin considerar a Chile como un país con estándares adecuados de protección. Esto perjudica directamente la atracción de inversiones clave, la instalación de nuevos data centers y el desarrollo de negocios de alcance global.
Si Chile aspira a insertarse con éxito en la economía digital, la protección de datos y la conformación de sus autoridades no pueden seguir en permanente espera.
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