La revisión de las leyes de velocidad mínima garantizada, de antenas y de neutralidad de la red a partir de sus resultados concentra la conversación con Claudio Anabalón, gerente de regulación de Entel. El ejecutivo sostiene que cada norma debe evaluarse frente a las capacidades actuales de las redes y agrega dos condiciones para seguir invirtiendo: certeza sobre la renovación de las concesiones y acceso a más espectro.
La conversación se realizó en el contexto del Summit País Digital 2026, después de su presentación sobre la relación entre infraestructura de telecomunicaciones y economía.
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Certeza sobre las concesiones y acceso a más espectro
La necesidad de ampliar la infraestructura lleva la conversación hacia las condiciones para invertir. Anabalón identifica dos asuntos relacionados: la certeza sobre la renovación de las concesiones y la disponibilidad de espectro para responder a las exigencias de velocidad y capacidad.
“Necesitamos certeza jurídica sobre las concesiones de espectro y reforzar el derecho de propiedad asociado a ellas. Algunas están próximas a cumplir 30 años, por lo que debe existir claridad sobre su renovación. Eso permite realizar las inversiones que la red necesita para seguir creciendo y proyectándose hacia 2033”.
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A la planificación de esas inversiones se suma la necesidad de contar con más espectro. El ejecutivo vincula directamente ese recurso con las prestaciones que se esperan de las redes.
“También necesitamos más espectro. Se nos exige mayor velocidad y capacidad, pero eso debe ir acompañado de una política que nos permita crecer en disponibilidad de espectro. Chile está entre los países de la OCDE que tienen menos [...]”.
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Evaluar las normas después de su entrada en vigor
Su planteamiento regulatorio también incluye evaluar qué ocurre después de que una norma entra en vigor. Para el gerente de regulación, los resultados deben permitir decidir si corresponde mantenerla o introducir cambios.
“Tenemos que revisar las regulaciones después de su implementación y evaluar sus resultados. En la presentación analicé lo que están haciendo Inglaterra y Alemania: preguntarse si la legislación que afecta a las telecomunicaciones, la transformación digital y la tecnología tuvo un buen resultado, generó un impacto positivo y permitió crecimiento y desarrollo. Si lo hizo, bien. Si no, revisémosla, corrijámosla o deroguémosla”.
Esa evaluación debe considerar, además, cómo han cambiado los servicios sobre los que se construyeron las reglas. El vocero recuerda que actividades antes asociadas a redes separadas hoy comparten internet.
“Nuestros modelos regulatorios vienen originalmente de Europa, que hoy también está reconociendo que necesita ajustes. Antes, la televisión, la radio y la telefonía tenían redes distintas; hoy todos esos servicios funcionan sobre internet. Eso nos invita a mirar de otra manera las capacidades que tenemos, las que necesitamos y la regulación que las acompaña”.
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Velocidad mínima garantizada: el costo de atender los reclamos
La ley de velocidad mínima garantizada es el primer caso con el que desarrolla esa propuesta. El reparo se concentra en la relación entre el costo de atender las consultas y el beneficio que recibe el cliente.
“Tenemos que preguntarnos si su costo se justifica frente al beneficio que entrega. La ley tiene un costo de 11 millones de dólares para responder 2.000 consultas. Atender un reclamo cuesta 47.000 dólares para devolverle al cliente un monto cercano a los 18 dólares que vale, en promedio, un plan”.
En su evaluación, esos costos también deben examinarse junto con el desempeño que muestran las conexiones fijas del país. Desde esa comparación, el ejecutivo cuestiona la proporcionalidad del mecanismo.
“Cuando los rankings internacionales, no los nuestros, nos sitúan entre los países con mayor velocidad de internet por fibra óptica, corresponde revisar si ese mecanismo tiene sentido. [...] Ese costo no se justifica”.
Ley de antenas: el despliegue antes y después de la norma
Desde el funcionamiento de ese mecanismo, la entrevista pasa al despliegue físico de las redes. Para abordar la ley de antenas, el representante de la compañía recurre al análisis de la Comisión Nacional de Productividad.
“La Comisión Nacional de Productividad analizó su implementación y mostró que más del 95 % de las antenas se construyó antes de la ley. Después de su entrada en vigor, el crecimiento fue de un 5 %. Ahí se generó un cuello de botella que debemos revisar”.
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La preocupación por las antenas se conecta con el punto inicial de la conversación: las redes necesitan crecer para atender más conexiones y ampliar su capacidad. El gerente de regulación sitúa ese despliegue dentro del trabajo pendiente en cobertura.
“[...] Infraestructura que permite dar más acceso, aumentar la capacidad y contribuir a reducir la brecha digital. Hoy estamos abordando parte de esa brecha mediante otras tecnologías, pero el despliegue de antenas sigue siendo necesario”.
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Neutralidad de la red: concentración del tráfico y emergencias
El tercer ejemplo cambia el foco hacia la gestión del tráfico. Al referirse a la neutralidad de la red, el vocero plantea revisar la norma considerando tanto la concentración del tráfico como la respuesta ante emergencias.
“La ley tenía una lógica en su origen, pero hoy estamos en un escenario en el que Alphabet, Meta y TikTok concentran más del 70 % del tráfico. Sin esa ley podríamos gestionar el tráfico, por ejemplo, en situaciones de emergencia, algo especialmente relevante en un país tan propenso a ellas”.
Con ese último caso, su propuesta vuelve a la relación entre las reglas y las condiciones actuales de las redes. Para el ejecutivo, evaluar ambos elementos forma parte de los ajustes que permitirían sostener el desarrollo de la conectividad.
“Por eso necesitamos revisar la normativa junto con las capacidades tecnológicas disponibles y las necesidades actuales. Ese es el tipo de correcciones que propongo cuando hablo de ajustar las velas para no perder velocidad”.
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