Por Maximiliano Pumarino, Director General de Globaim para Chile
El cambio climático dejó de ser una preocupación de largo plazo para convertirse en una factura que las empresas chilenas ya están pagando. Lo hemos visto en las inundaciones provocadas por los últimos temporales y, previsiblemente, volveremos a enfrentarnos a este fenómeno durante el verano, cuando las altas temperaturas incrementen el riesgo de incendios en distintas faenas, plantaciones forestales, campos agrícolas, centros de cultivo acuícolas y destinos turísticos. Estos eventos hace tiempo dejaron de ser excepcionales y hoy forman parte, cada vez más, del riesgo estructural con el que se convive en Chile.
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Nuestro país vive sobre el riesgo, y no es solo una impresión. La industria aseguradora chilena representa cerca del 4,4% del PIB —unos US$14.600 millones en primas, de los cuales alrededor de US$4.000 millones corresponden a seguros generales, según cifras del sector (Forbes/FID Seguros, 2025[i])—. Otro dato resulta quizás más revelador: al tercer trimestre de 2025, el ramo de Terremoto y Tsunami representaba el 25,4% de las primas de seguros generales, superando incluso a Vehículos Motorizados (23,5%) y seguido por Incendio (14,0%), según el Informe Financiero del Mercado Asegurador de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). [ii]Los datos dibujan una realidad difícil de ignorar: una parte muy significativas del mercado asegurador chileno está vinculada a riesgos de gran severidad, muchos de ellos asociados a eventos catastróficos.
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Pero hay algo que muchas empresas descubren demasiado tarde: cuando un siniestro de esta magnitud obliga a detener la operación, el coste no se limita a reparar los daños materiales. En muchos casos, el impacto más importante está en todo lo que la empresa deja de producir mientras permanece paralizada. Una faena paralizada, una cosecha perdida, un centro de cultivo dañado o un hotel cerrado en plena temporada, pueden convertir un evento climático en una crisis financiera. La interrupción de la actividad afecta a los ingresos, puede comprometer contratos y relaciones con clientes y proveedores, y terminar trasladándose a los resultados de la compañía durante meses.
Por eso, la cuestión ya no es únicamente cómo prevenir estos riesgos —algo que sigue siendo fundamental—, sino también como recuperar la actividad a la mayor brevedad posible cuando el siniestro ocurre. La capacidad de una empresa para volver a operar con rapidez empieza a construirse desde las primeras horas posteriores al incidente.
Documentar adecuadamente las pérdidas, cuantificar el impacto sobre la actividad y sustentar técnicamente la reclamación puede marcar una diferencia importante en la recuperación. Las decisiones que se toman durante las primeras 24 o 48 horas tras el siniestro pueden condicionar suelen condicionar el desarrollo posterior del siniestro, desde la preservación de evidencias y la identificación de los daños hasta la planificación de la recuperación de la actividad.
Francisco Carrasco M.
La propia industria aseguradora lo está reconociendo. Chile avanzó este último año en la regulación de los seguros paramétricos —instrumentos que permiten activar indemnizaciones más rápidas cuando se cumplen determinados parámetros asociados a eventos de alto impacto, como terremotos, sequías o fenómenos meteorológicos extremos—, precisamente para fortalecer la resiliencia económica del país y mejorar la capacidad de respuesta (Asociación de Aseguradores de Chile, AACh, 2025). Es una señal clara de hacia dónde va la conversación, en un contexto donde no basta con tener una póliza, sino que el foco debe estar en que tan rápido esa póliza se convierte en recursos disponibles para afrontar las pérdidas, recuperar la actividad y volver a operar.
Con más de cuatro décadas trabajando en este ámbito, me atrevo a decir que las empresas que mejor afrontan un gran siniestro no son necesariamente las que contrataron el seguro más caro, sino aquellas que estaban mejor preparadas para gestionarlo cuando llegó el momento. En un país tan expuesto como Chile, y ante un escenario climático que plantea nuevos desafíos, prepararse para recuperar la actividad con rapidez ya no debería entenderse como un lujo si como una cuestión puramente técnica del seguro. Es una parte esencial de la gestión empresarial y de la capacidad de proteger aquello que está en juego cuando ocurre la catástrofe: la continuidad del negocio, los empleos y las comunidades que dependen de él.
