El bloque de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Summit País Digital 2026 abordó cómo los datos, la inteligencia artificial y las tecnologías digitales pueden apoyar la prevención del delito y la respuesta ante emergencias. La coordinación entre autoridades, policías, municipios y empresas fue parte de esa conversación.
Gonzalo Guerrero, subsecretario de Prevención del Delito, presentó «Desafíos para una seguridad pública basada en datos». Su exposición distinguió el análisis de patrones y la anticipación de riesgos de la posibilidad de predecir qué delito ocurrirá.
“No predecimos delitos, lamentablemente. Nosotros podemos determinar parámetros de comportamiento, saber dónde se comportan los delitos, determinar medidas de mitigación, anticiparnos ciertos fenómenos delictuales que están ocurriendo en otros países, como de repente ocurren llamadas de colaboración y también mesas de colaboración con otros países, pero no podemos predecir qué es lo que va a ocurrir mañana. Sí podemos mitigar el riesgo”.
Cristián Ramos, asesor de gabinete de la misma subsecretaría, llevó esa discusión al Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (SITIA). Explicó cómo conecta infraestructura de distintos organismos para apoyar el patrullaje preventivo, la obtención de evidencia y la respuesta policial.
Francisco Carrasco M.
Integrar información sin perder custodia ni control
Guerrero planteó que la captura de datos debe responder a un propósito concreto y considerar el tiempo y las características del territorio. Describió una arquitectura federada, en la que compartir información no supone entregar toda su custodia a una sola entidad.
“Es un modelo de carácter federado donde cada institución conserva la custodia de sus datos y toda consulta queda debidamente registrada. Esto establece un sistema de rendición de cuentas que nos parece apropiado. La información es poder y la información no puede estar en manos de una sola entidad. Debe ser a través de modelos federados que compartan la responsabilidad, compartan los accesos. Pero sepamos quién está consultando, qué información, qué datos respecto de cada uno de nosotros”.
La integración reúne información de municipios, organismos públicos y entidades privadas, incluidos centros comerciales y concesionarias de autopistas. Los datos ingresan a la plataforma, se contrastan y se validan antes de su utilización por Carabineros y los equipos municipales.
Francisco Carrasco M.
El subsecretario sostuvo que automatizar el análisis puede orientar prioridades, pero la decisión final debe conservar una validación humana. Incluyó entre los requisitos de gobernanza el registro de consultas, alertas y evidencias.
“La inteligencia artificial, y esto lo vemos con SITIA, jamás va a reemplazar la validación de un ser humano. Ayuda a mirar, ayuda a reconocer, ayuda a contrastar, pero los seres humanos mantenemos el control y eso es sumamente importante”.
Cámaras y patentes con verificación de las alertas
Ramos presentó la conexión de infraestructura existente como la respuesta para ampliar las herramientas disponibles para Carabineros, la PDI y los inspectores municipales. Durante su intervención, informó el alcance del despliegue y el volumen de detecciones registrado.
“La respuesta fue unir lo que ya existe. SITIA conecta las cámaras y los lectores de patentes de municipios, empresas y autopistas, sin importar su marca y entrega acceso unificado a Carabineros. Hoy participan 29 comunas del país. Hay 3050 cámaras que ya hemos conectado y en solo 7 días se registraron más de 12 millones de detecciones”.
Para ilustrar el funcionamiento, describió el contraste de una patente captada por una cámara con los vehículos que tienen encargo por robo. Entre la detección y la actuación policial, situó la comprobación de la alerta por una persona.
“Funciona en cuatro pasos. La cámara detecta una patente. SITIA la compara con los vehículos con encargo por robo. Una persona verifica la alerta y Carabineros actúa, siempre con una persona que verifica y bajo la mirada de un comité de ética independiente. Porque la tecnología debe servir a la dignidad humana y nunca reemplazarla”.
Alcance nacional, privacidad y evaluación
La expansión exige sostener la infraestructura y coordinar la respuesta entre instituciones. El asesor identificó como desafíos la cobertura territorial, los gastos de operación de las cámaras y la protección de la intimidad de las personas.
“Llegar a las 345 comunas de Chile, financiar la energía, la conexión y el mantenimiento de las cámaras. Lograr que Carabineros, la PDI y los municipios actúen como un solo equipo cuando suene una alerta y cuidar la intimidad de todas las personas para recuperar algo que vale más que cualquier sistema: la fe pública”.
Ramos invitó a municipios, empresas y servicios públicos a incorporarse, con un proceso de adhesión que estimó en cerca de dos semanas.
Guerrero advirtió que los datos históricos pueden corresponder a circunstancias diferentes de las actuales y producir una sobreintervención de determinados territorios. Planteó revisar sesgos, privacidad, transparencia algorítmica y ciberseguridad desde el diseño del sistema.
“No todo lo que nosotros hacemos a través de la tecnología es jurídicamente aceptable ni admisible, menos éticamente admisible. No todo lo que hace la tecnología ni la inteligencia artificial nos va a dar una respuesta ética”.
Para el escalamiento, propuso un catálogo común de datos, estándares compartidos y pruebas seguras de los casos de uso. Añadió que la evaluación debe considerar capacidades, convenios, líneas de base, resultados y efectos distributivos de las intervenciones.
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