En los últimos años, las empresas chilenas han debido adaptarse a un escenario regulatorio cada vez más exigente. Ley Karin, Ley de 40 Horas, Ley de Delitos Económicos, Ley Marco de Ciberseguridad y, próximamente, la nueva Ley de Protección de Datos Personales, son parte de un conjunto de normativas que han llevado el compliance desde el ámbito jurídico hacia prácticamente todas las áreas de una organización.
Francisco Carrasco M.
El desafío no está únicamente en conocer qué establece cada ley, sino en responder una pregunta mucho más concreta: ¿cómo se implementa en la práctica?
Esa preocupación fue uno de los puntos de partida del Indicador de Compliance Empresarial desarrollado por Defontana y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), una herramienta gratuita de autodiagnóstico que busca ayudar a las empresas a conocer su nivel de preparación frente a las distintas exigencias normativas.
Domingo Beas, gerente de Soluciones de Compliance de Defontana, explica que:
“Vemos que muchas empresas conocen las leyes, pero cuando llega el momento de aplicarlas aparece la dificultad. Una cosa es saber que existe una obligación y otra muy distinta es tener los procesos, responsables, evidencia y herramientas para gestionarla. Ahí es donde el compliance deja de ser un concepto jurídico y se transforma en un desafío operacional”.
Francisco Carrasco M.
Cuando cumplir deja de ser un proceso manual
La próxima entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales es un ejemplo de esta transformación. Las empresas deberán gestionar adecuadamente los consentimientos asociados al tratamiento de información personal, mantener registros y ser capaces de demostrar que cuentan con las autorizaciones correspondientes.
“Con la Ley de Datos Personales no basta con tener un documento que diga que el cliente autorizó el uso de sus datos. La gestión del consentimiento tiene que ser permanente y trazable. Hacer eso manualmente, cuando una empresa maneja cientos o miles de clientes, es prácticamente inviable”.
Una situación similar ocurre con la Ley Karin. Para una organización, cumplir no significa simplemente habilitar un correo electrónico para recibir denuncias. También implica contar con mecanismos que permitan registrar los casos, mantener su trazabilidad, gestionar los antecedentes y disponer de un expediente que permita demostrar cómo se actuó frente a una situación determinada.
Columnas al director
Similarmente, el cumplimiento normativo también está estrechamente relacionado con la capacidad de las empresas para demostrar que actuaron de manera diligente frente a un riesgo. Esto cobra especial importancia bajo la Ley de Delitos Económicos, donde la existencia de mecanismos de prevención, identificación y gestión de riesgos puede ser determinante al momento de evaluar la responsabilidad de una organización.
"Más allá de las sanciones, las distintas normativas contemplan mecanismos de mitigación frente a eventuales incumplimientos. Esto implica contar con procesos que permitan acreditar que se gestionó adecuadamente una denuncia, que se evaluaron los riesgos asociados a una determinada actividad o que se verificaron los antecedentes de terceros y clientes antes de establecer una relación comercial".
Desde esta perspectiva, el compliance comienza a adquirir una dimensión más amplia: no se trata solamente de evitar una multa, sino de reducir riesgos y contar con evidencia de que la organización actuó responsablemente.
Francisco Carrasco M.
Un diagnóstico para avanzar
El Indicador de Compliance busca entregar a las empresas una herramienta para identificar sus principales brechas y entender qué aspectos deben fortalecer.
“Nace porque entendemos que muchas empresas no saben exactamente qué es lo que tienen que cumplir, y tampoco entienden cómo hacerlo. Queremos que puedan partir por un diagnóstico gratuito, entender dónde están sus brechas y, desde ahí, tomar decisiones”.
Esta segunda edición también busca ir más allá del diagnóstico empresarial. Los resultados serán utilizados como insumo para que la Cámara de Comercio de Santiago pueda identificar oportunidades y formular propuestas de políticas públicas relacionadas con el cumplimiento normativo y la adaptación de las empresas al nuevo escenario regulatorio.
Francisco Carrasco M.
