En las últimas semanas, nuevas auditorías e investigaciones sobre el uso de recursos públicos volvieron a instalar una pregunta que Chile viene haciéndose desde hace años: ¿por qué tantas irregularidades se descubren cuando el dinero ya fue transferido, gastado o resulta difícil de recuperar?
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Más allá del caso específico o de las responsabilidades que correspondan, el patrón se repite. Las alertas suelen aparecer después de una denuncia, una auditoría o una investigación. Es decir, cuando el problema ya ocurrió.
Ese es probablemente el mayor desafío de la gestión pública. No es que falte información. Contratos, órdenes de compra, facturas, pagos, proveedores y rendiciones existen. El problema es que esos datos permanecen dispersos y, muchas veces, se revisan solo cuando ya es demasiado tarde.
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Durante años hemos puesto el foco en fiscalizar después. Pero hoy la tecnología permite algo mucho más valioso: anticiparse.
La inteligencia artificial está cambiando la forma en que organizaciones de todo el mundo gestionan riesgos. Más que procesar grandes volúmenes de información, permite conectar datos que antes permanecían aislados e identificar patrones capaces de generar alertas tempranas antes de que una irregularidad se transforme en una pérdida de recursos.
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Aplicada a la gestión pública, esta capacidad permite detectar pagos sin respaldo suficiente, proveedores con comportamientos inusuales, modificaciones contractuales fuera de patrón, operaciones repetitivas o relaciones que ameriten una revisión más profunda. No reemplaza el criterio de las personas ni la labor de los organismos fiscalizadores. Les entrega mejores herramientas para concentrar sus esfuerzos donde realmente existen señales de riesgo.
El desafío del Estado ya no es reunir más información. Esa información ya existe. El desafío es transformarla en inteligencia que permita tomar decisiones oportunas y actuar antes de que el daño esté hecho.
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La diferencia es enorme. Detectar una irregularidad meses o años después suele traducirse en recursos difíciles de recuperar y en una comprensible pérdida de confianza ciudadana. Detectarla a tiempo permite corregir procesos, evitar pérdidas y asegurar que esos recursos lleguen a donde realmente se necesitan.
En un contexto donde cada peso del presupuesto importa, esa capacidad puede marcar una diferencia concreta. Cada peso que se pierde por falta de información oportuna es un peso que deja de destinarse a seguridad, salud, educación, vivienda o infraestructura.
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Chile ha avanzado de manera importante en digitalización del Estado y en disponibilidad de datos públicos. El siguiente paso no consiste en generar más información, sino en utilizar la que ya existe para convertir los datos en inteligencia y la inteligencia en mejores decisiones.
Porque cuidar los recursos públicos ya no depende solo de controlar mejor. Depende, sobre todo, de aprender a anticiparse.
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