Mientras el sector privado chileno lleva meses invirtiendo y adaptándose a las exigencias de la nueva Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales, el Ejecutivo ingresó un proyecto al Senado para postergar su entrada en vigor del 1 de diciembre de 2026 al 1 de diciembre de 2027.
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A simple vista, este movimiento parece un ajuste técnico razonable para dar tiempo a la instalación de la Agencia de Protección de Datos. Sin embargo, la realidad de fondo es otra: el aplazamiento funciona como un tanque de oxígeno para un sector público que no está preparado, pero le pasa una factura carísima a la competitividad internacional de Chile.
El núcleo del problema radica en una profunda brecha entre el mundo público y el privado. Por un lado, enfrentamos un Estado desarmado donde instituciones críticas que manejan volúmenes masivos de datos sensibles —como Fonasa, el Minsal, el Registro Civil y cientos de municipalidades— carecen de la infraestructura, el presupuesto y el personal para cumplir con los estándares normativos.
Francisco Carrasco M.
La postergación busca simplemente evitar un colapso sancionatorio estatal desde el primer día. No obstante, este supuesto alivio prolonga peligrosamente la vulnerabilidad de la información de los ciudadanos frente a ciberataques, congela la interoperabilidad entre servicios del Estado y frena los presupuestos de modernización digital en las instituciones públicas.
Este freno institucional genera un impacto global negativo que hace que Chile pierda terreno en la economía digital. Por un lado, se castiga injustamente a las empresas que ya hicieron la tarea y avanzaron en su cumplimiento normativo, enviando una señal confusa que debilita el respaldo internacional de las compañías chilenas.
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Retrasar la ley posterga además la esperada Decisión de Adecuación con la Unión Europea, equivalente al exigente estándar del GDPR, lo que obliga a las empresas locales a suscribir contratos más complejos y costosos para realizar transferencias de datos transfronterizas. Frente a competidores regionales como Brasil o diversos socios de la OCDE, el país proyecta una indeseable incertidumbre regulatoria que afecta directamente la atracción de inversiones en centros de datos, el desarrollo responsable de modelos de inteligencia artificial y la exportación de servicios tecnológicos avanzados.
Postergar la ley no resuelve la falta de gestión en el Estado. Chile no puede pretender posicionarse como un hub de innovación digital y líder regional si no cuenta con una cancha pareja y un estándar de protección de datos a la altura de los mercados globales con los que comercia. Por ello, el debate en el Senado no debe enfocarse únicamente en ganar más tiempo, sino en exigir un plan de adecuación acelerado y recursos concretos para la institucionalidad pública.
Francisco Carrasco M.
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