El panel Gobernanza y uso efectivo de datos para la seguridad y emergencias del Summit País Digital 2026 abordó las dificultades para convertir la información en decisiones operativas.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, moderó la conversación entre representantes del ámbito municipal, la prevención del delito y la academia.
Cámaras, interoperabilidad y capacidad de respuesta
Jaime Bellolio, alcalde de la Municipalidad de Providencia, sostuvo que la seguridad exige coordinar tecnología, procedimientos y normativa. Desde la experiencia municipal, explicó que disponer de imágenes debe servir tanto para investigar como para actuar mientras ocurre una emergencia.
“Yo creo que son las tres cosas en simultáneo que hoy día tienen algún tipo de problema. Hoy día hay menos problemas tecnológicos y por tanto son más bien problemas administrativos y problemas legales que no permiten que haya una interconexión o interoperabilidad. En el pasado probablemente era más lo tecnológico, era muy difícil conectar dos cámaras de marcas distintas. Hoy día eso está relativamente resuelto”.
Bellolio detalló que la que la comuna pasó de 360 a 1.060 cámaras mediante inversión y trabajo con vecinos y comercios. Planteó que ese despliegue debe acompañarse de una respuesta efectiva a los llamados.
“Es mucho más entretenido hablar de las cámaras y de cómo uno puede tratar de entrenar a un software de manera de que te pueda predecir la ocurrencia de cierto delito. Pero hay otra parte que es fundamental: cuando te llaman por teléfono tienes que poder llegar y esa es una pega mucho más aburrida, mucho menos sexy, pero fundamental para generar la confianza”.
En emergencias vitales, situó el tiempo de respuesta en torno a tres minutos y medio, después de clasificar el llamado.
Compartir información y cerrar brechas entre municipios
La Carolina Leitao, exsubsecretaria de Prevención del Delito, describió las diferencias de recursos y capacidades técnicas entre municipios. Explicó que los gobiernos regionales pueden liderar proyectos compartidos cuando una comuna pequeña no cuenta con profesionales o recursos suficientes.
“El rol del Estado es fundamental. Aquí, cuando hablo del Estado, hablo del Estado central, pero también, por ejemplo, el rol que cumplen los gobiernos regionales”.
La exsubsecretaria recordó que los municipios entregaban información a la Subsecretaría sin recibir reportes de vuelta. Explicó que comenzaron a superar esa brecha, aunque todavía faltan mecanismos institucionales que faciliten el intercambio.
“Yo creo que hay intención de hacerlo, pero hay pocos mecanismos que hagan que esa información fluya realmente. Hay también trabas legales: está todo el tema de hasta dónde las instituciones pueden manejar información sin pasar a llevar la protección de los datos personales”.
También señaló que compartir información entre comunas sigue dependiendo muchas veces de la voluntad política y no de una institucionalidad que asegure ese trabajo.
Bases federadas y formación de equipos
Richard Weber, profesor de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), relató que un proyecto con el Ministerio de Seguridad Pública permitió identificar la fragmentación de los datos como una dificultad del sistema.
“Me alegra mucho que ahora adaptan una arquitectura que propusimos, una base de datos federada, donde cada una de las instituciones puede mantener los datos en su custodia, no como el BUD que intentaron hace mucho tiempo atrás y no funcionó. De esa forma, yo creo que podemos superar esa fragmentación y tener datos realmente interoperables”.
El investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), destacó la apertura de los profesionales de la Fiscalía para trabajar con la academia y señaló que esa colaboración exige formar a los usuarios.
“Tenemos muy buena experiencia con lo que uno siempre escucha: la transdisciplina, el trabajo entre disciplinas, la apertura. Eso se puede hacer, pero requiere mucho del capital humano”.
Weber explicó que la Fiscalía contrató a varios alumnos de la Facultad de Ingeniería para continuar el desarrollo y que la investigación sobre agentes de inteligencia artificial ya se aplica en un proyecto con esa institución. Además, pidió continuidad para el trabajo con la Fiscalía, tras recordar la presentación de Ana María Morales sobre el sistema desarrollado con la academia.
“Uno de mis sueños es un convenio de colaboración de largo plazo entre la Universidad de Chile y la Fiscalía de Chile. Se lo pido ahora al fiscal nacional a través de Ana María”.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana y moderador del panel, cerró el encuentro con una advertencia sobre los usos delictivos de las tecnologías que se discutieron durante la jornada.
“Hay mucho por hacer y el delito va cambiando. Las tecnologías presentan una oportunidad de solucionarlo. Hemos hablado de cámaras, de interoperabilidad de datos, de cosas que nos van a ayudar a perseguir, controlar, prevenir el delito, pero el delito también usa las tecnologías como una herramienta a través de la cual puede cometerlo. Por lo tanto, todo avance tecnológico tenemos que verlo en los dos ámbitos: cómo nos permite prevenir, pero también como un posible riesgo que tenemos que mitigar”.
